La representante del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich,  responsabilizó a la jueza de los delitos de Prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento Agravado.

El Gobierno argentino del ultraderechista Javier Milei denunció este lunes a la magistrada Karina Andrade, que exoneró de responsabilidad legal a 114 detenidos en la manifestación de los jubilados reprimida frente al Congreso la semana pasada, por discurrir que no existían elementos constitutivos de delitos y considerar que la detención constituía una violación de la Constitución del Estado.

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La representante del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, responsabilizó a la jueza del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los delitos de Prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento Agravado.

En este sentido, la magistrada Andrade alegó que las detenciones no contaban, ni la persona, ni el Documento Nacional de Identidad (DNI), y que eran detenciones convalidadas, sin los requisitos básicos para el ejercicio del control.

Asimismo, refirió “que eso en un contexto de un ejercicio de un derecho constitucional, en el que debe garantizarse,  que en ese contexto no se cometan delitos”.

Además, aseguró que “las investigaciones siguen”.

“Yo como jueza no puedo controlar la legalidad de la detención”, recalcó Karina Andrade.

También manifestó que “no fue informada con los datos mínimos, ni se completaba con el delito, y eso lo que le dio cuentas cómo se estaba llevando adelante por las fuerzas policiales estas detenciones, sin que pudiera, ella, ejercer su tarea”.

«Para los jueces de turno es una obligación analizar el contexto de la detención, y (en este caso) no se cumplían los requisitos básicos», insistió la magistrada.

Según medios locales, el proceso promovido contra la jueza contiene errores, entre ellos el apellido de la magistrada y fue realizado por el representante legal, Fernando Soto, abogado del policía Luis Chocobar, que fue procesado por «exceso en el cumplimiento de un deber» al causar la muerte con disparos por la espalda a un joven.

La presentación fue establecida en el fuero federal y la ministra Patricia Bullrich, manifestó que se promueve la acusación por » las graves irregularidades cometidas por la magistrada en relación con la liberación de detenidos tras los disturbios ocurridos durante la marcha del 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso de la Nación».

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